El relevamiento reconstruyó ocho adjudicaciones a distintas empresas para cubrir servicios de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios destinados a las actividades del Pontífice.

Uno de los aspectos que generó mayor polémica fue la instalación de una carpa VIP y sectores preferenciales para funcionarios, empresarios, representantes religiosos y personalidades del espectáculo durante la misa realizada frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La investigación también señaló la intervención de organismos del Gobierno nacional en los procedimientos y puso bajo la lupa a empresas vinculadas con el entorno de los hermanos Martín y Eduardo Menem.

DF Entertainment concentró la mayor adjudicación

La principal contratación correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió $8.690 millones mediante el procedimiento 79-0012-CDI26 para la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes.

Ese monto representa aproximadamente el 42,4% del total de las adjudicaciones identificadas por la investigación.

La distribución de los contratos fue la siguiente:

Empresa adjudicataria

Monto

DF Entertainment S.A.

$8.690.000.000

Nuevos Aires Producciones SRL

$4.547.700.000

Recordvision S.A. (MediaHub)

$3.090.000.000

PRG Argentina SRL

$1.979.345.158

Fidias Energía SRL

$1.736.000.000

VMG Video Tech S.A.

$225.000.000

Alfombra Mágica SRL

$128.080.000

Tetramon

$81.209.506,75

Total

$20.477.334.664,75

Entre DF Entertainment, Nuevos Aires Producciones y Recordvision concentraron cerca del 80% de los fondos adjudicados.

Qué incluía la carpa VIP de la misa del Papa

Uno de los puntos centrales del informe fue el detalle de los servicios contemplados en el contrato de DF Entertainment, por $8.690 millones.

Según la documentación citada por El Disenso, el pliego establecía la instalación de una carpa de 30 por 40 metros, con climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario.

También se contemplaban 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para los distintos sectores del operativo.

El esquema de acreditaciones mencionado por la investigación contemplaba aproximadamente 4.000 invitados especiales. Esa cifra corresponde a los invitados previstos y no necesariamente a la capacidad simultánea de la carpa.

La controversia se profundizó por el contraste entre las comodidades destinadas a los sectores preferenciales y las condiciones que debieron afrontar miles de fieles que permanecieron durante horas al aire libre para participar de la celebración.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se refirió a la polémica y reconoció que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se calificara al espacio como un lujo descomunal.

TechSecurity y Purgato: los vínculos empresariales bajo la lupa

Otro capítulo de la investigación estuvo relacionado con TechSecurity y Purgato, dos empresas que El Disenso vinculó con el entorno familiar de los hermanos Menem.

El medio señaló que TechSecurity, dedicada a servicios de seguridad, tendría conexiones con Martín Menem y su entorno, mientras que relacionó a Purgato, especializada en limpieza, con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.

Según la publicación, ambas compañías participaron en servicios vinculados con el operativo de la visita papal.

Sin embargo, hay una distinción importante: ninguna de las dos firmas aparece en el cuadro de las ocho adjudicaciones individualizadas que suman los $20.477 millones. Tampoco se detallan allí los montos ni los procedimientos administrativos correspondientes a sus eventuales contrataciones.

Por lo tanto, los vínculos empresariales señalados por la investigación y la participación contractual de esas compañías requieren documentación adicional para establecer su alcance y determinar posibles responsabilidades.

Contrataciones directas y cuestionamientos sobre la urgencia

Los procedimientos identificados utilizaron el mecanismo de contratación directa por compulsa abreviada por urgencia, de acuerdo con la documentación reconstruida por El Disenso.

La publicación indicó que la Santa Sede había confirmado la visita del Papa el 5 de agosto, mientras que los trámites de contratación comenzaron a mediados de octubre.

La secuencia abrió interrogantes sobre la planificación del operativo, los fundamentos utilizados para justificar la urgencia y las condiciones de competencia entre los proveedores seleccionados.

En el caso de DF Entertainment, la investigación identificó a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como funcionaria interviniente en la adjudicación.

También ubicó a Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, organismo señalado en la reconstrucción de las contrataciones. No obstante, no se acreditó que el funcionario hubiera firmado personalmente cada uno de los procedimientos.

Para establecer las responsabilidades administrativas será necesario analizar los expedientes completos, las autorizaciones, las firmas y las conformidades correspondientes a cada prestación.

El contraste con la situación del Pequeño Cottolengo Don Orione

La controversia también se extendió al contraste entre los recursos destinados a la organización de la visita papal y la situación financiera de instituciones sociales.

El informe mencionó el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, que habría obtenido una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud debido a deudas acumuladas.

Aunque se trata de obligaciones de distinta naturaleza y no necesariamente de partidas presupuestarias comparables, la investigación incorporó el episodio al debate sobre las prioridades del gasto público.

La polémica por la carpa VIP y las contrataciones millonarias dejó planteados varios interrogantes: quién autorizó cada erogación, cómo se justificaron los procedimientos de urgencia, qué servicios se prestaron efectivamente y cuáles fueron los mecanismos de control.

La documentación completa de los expedientes será determinante para establecer si las adjudicaciones cumplieron con las exigencias administrativas y qué responsabilidades correspondieron a cada organismo y funcionario interviniente.