Santa Cruz: petroleros rechazan la prórroga de la emergencia hidrocarburífera

El sindicato SIPGER se movilizó frente a la Legislatura de Santa Cruz contra la extensión de la emergencia hidrocarburífera impulsada por el gobernador Claudio Vidal. El gremio cuestionó los resultados de la medida y denunció la falta de una comisión de seguimiento. Dentro del recinto, el diputado Daniel Peralta respaldó el reclamo y criticó la urgencia del oficialismo para avanzar con la iniciativa.


Política

Fuente: Redacción Vía Noticias

La protesta expuso las diferencias entre el Gobierno provincial y el sector sindical sobre los resultados de la herramienta, las condiciones de actividad de las operadoras y el impacto de la situación petrolera sobre el empleo y los ingresos de la provincia.

Desde SIPGER cuestionaron que, pese a la extensión anterior de la emergencia, no se haya constituido la comisión de seguimiento que debía reunir a representantes de los trabajadores, las empresas y el Ejecutivo. Para el gremio, ese espacio era clave para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos y analizar la evolución de la actividad.

La organización también vinculó sus objeciones con la pérdida de puestos de trabajo tras la salida de YPF de áreas del norte santacruceño y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las operadoras de la Cuenca Austral por los precios del gas.

Daniel Peralta respaldó el reclamo petrolero

Durante el tratamiento legislativo, el diputado Daniel Peralta expresó su respaldo al sindicato y cuestionó la premura del oficialismo para avanzar con la prórroga.

El legislador recordó que la declaración original de emergencia había sido aprobada por unanimidad, pero sostuvo que el Poder Ejecutivo debía fundamentar ante la Legislatura por qué consideraba necesaria una nueva extensión.

Peralta también advirtió sobre la caída de la producción hidrocarburífera y sus posibles consecuencias para las regalías, las pequeñas empresas proveedoras y los ingresos provinciales. Sus planteos formaron parte de la discusión política en torno al futuro del sector.

La movilización contó con la participación de dirigentes sindicales como Rafael Güenchenén, Nallib Rivera y Carlos Monsalvo. Este último afirmó que la convocatoria fue organizada por la conducción gremial y rechazó que tuviera una finalidad partidaria.

Vidal defendió los incentivos y las inversiones

La postura del Gobierno provincial había sido expuesta el 21 de octubre por el propio Vidal, durante una recorrida por áreas de Crown Point Energía.

El gobernador defendió los incentivos otorgados a las operadoras, incluida una reducción de tres puntos porcentuales en las regalías vinculada con compromisos de inversión y actividad. Según argumentó, estas medidas buscan sostener la producción y recuperar puestos de trabajo en los yacimientos y en las actividades asociadas, como el transporte, la obra civil y la prestación de servicios.

En ese contexto, el Ejecutivo presentó un programa de perforación de tres pozos en las áreas de Koluel Kayke y Piedra Clavada, con una inversión estimada en US$7,27 millones.

Vidal sostuvo que la incorporación de equipos y el cumplimiento de los compromisos empresariales pueden contribuir a reactivar la actividad petrolera. La estrategia oficial apunta a promover inversiones en un escenario marcado por dificultades productivas y desafíos para el empleo.

Una discusión que enfrenta al Gobierno con el sector petrolero

El rechazo de SIPGER plantea interrogantes sobre la eficacia de la emergencia hidrocarburífera y los mecanismos previstos para controlar los compromisos de inversión de las empresas.

Mientras el Gobierno sostiene que los incentivos y los nuevos proyectos permitirán recuperar actividad, el sindicato reclama resultados concretos y cuestiona que todavía no funcione la comisión de seguimiento anunciada.

La movilización frente a la Legislatura y el respaldo de Peralta dentro del recinto reflejaron las diferencias sobre el rumbo de la política petrolera provincial. El debate combina la necesidad de sostener las inversiones, la evolución de la producción, la preservación del empleo y el impacto de la actividad sobre las cuentas públicas de Santa Cruz.