La Unión Cívica Radical (UCR) reclamó cambios en el proyecto de Presupuesto 2027 como condición para acompañar su aprobación en la Cámara de Diputados. Entre sus principales demandas figuran el refuerzo de las partidas destinadas a personas con discapacidad y la continuidad de la actualización automática por inflación de las asignaciones sociales.

La posición del bloque adquiere relevancia política porque sus seis integrantes pueden resultar determinantes para que La Libertad Avanza (LLA) reúna los votos necesarios para sancionar la iniciativa, cuyo tratamiento está previsto para el 18 de noviembre.

La bancada radical, presidida por Pamela Verasay, mantiene vínculos con gobernadores de la UCR y busca introducir modificaciones en áreas sensibles del gasto social.

Discapacidad: reclaman más recursos y cambios en el Presupuesto

Uno de los principales puntos de conflicto es el financiamiento de las políticas de discapacidad. Los radicales respaldan el dictamen de mayoría que mantiene el nomenclador nacional y establece un mecanismo permanente de actualización de las prestaciones, además de contemplar las pensiones no contributivas por invalidez.

Por ese motivo, el bloque reclama eliminar los artículos del Presupuesto que modifican la Ley 27.793 e incorporar las disposiciones del dictamen, junto con los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.

El planteo también cuenta con el respaldo de otros espacios que integran Fuerzas del Cambio, entre ellos el MID, el PRO y Por Santa Cruz.

La discusión se profundizó luego de que el Gobierno incluyera cuatro artículos que modificaban aspectos centrales de la ley de emergencia en discapacidad. Frente al rechazo opositor, el oficialismo comenzó a impulsar una iniciativa para mantener varios puntos de la norma, mientras otros bloques buscan extender la emergencia por un año más.

La UCR busca sostener la actualización por inflación de la AUH

Otro reclamo central apunta a conservar la movilidad automática de las asignaciones sociales. La bancada radical se opone a eliminar el ajuste por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar.

El Poder Ejecutivo propuso quitar la fórmula de actualización automática para estos beneficios. Según los datos incluidos en la información oficial citada por la Agencia Noticias Argentinas, el Estado destina alrededor de $9,18 billones al pago de estas prestaciones, que alcanzan a más de cuatro millones de personas.

La discusión será uno de los puntos sensibles de la negociación parlamentaria, debido al impacto que los cambios podrían tener sobre los ingresos de los hogares que reciben asistencia estatal.

Universidades: esperan explicaciones sobre el financiamiento

La UCR también mantiene en suspenso su posición sobre el presupuesto universitario. Los legisladores esperan las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, antes de definir su postura.

El proyecto contempla recursos por $7,3 billones para las universidades, mientras que las instituciones reclaman una asignación de $11 billones.

En paralelo, el diputado nacional del MID Eduardo Falcone pidió incrementar las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país.

Obras viales y partidas adicionales, entre los pedidos

Falcone también solicitó fondos para reactivar la construcción de la autovía entre Mercedes y Suipacha, con continuidad hacia Bragado, mediante la reasignación de recursos remanentes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Además, reclamó la reactivación y finalización de un tramo de 27 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.

En materia de discapacidad, el Presupuesto prevé $7,25 billones, de los cuales $6,094 billones se destinarían a pensiones no contributivas por invalidez laboral y $1,1 billones a la atención médica de sus beneficiarios.

Sin embargo, la implementación de los cambios legislativos podría generar un impacto fiscal adicional estimado en $600.000 millones para 2027, lo que obligaría a reforzar las partidas correspondientes.

La negociación por el Presupuesto 2027 estará marcada, así, por la búsqueda de acuerdos entre el oficialismo y sus aliados, con la discapacidad, las asignaciones sociales y el financiamiento universitario entre los principales focos de discusión.