Según explicó, la reforma no afecta a los productos actualmente disponibles, sino que apunta a incentivar la llegada de nuevas drogas y acelerar su aprobación. “Es un incentivo de acá para adelante, para nuevas terapias que se traigan y lleguen más rápido”, sostuvo.

El funcionario detalló que la medida implicó la derogación de una resolución vigente desde 2012 que, a su criterio, imponía trabas adicionales para la aprobación de patentes. “En la práctica, hacía que no se otorgaran prácticamente patentes o tenían una altísima tasa de rechazo”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema se alinea con estándares internacionales y mantiene el plazo de protección de 20 años. “Reconoce que si alguien desarrolla una droga o una tecnología, eso tiene que ser reconocido”, afirmó.

Para despejar dudas sobre el impacto en el sistema de salud, Cacace explicó que el Gobierno realizó un cruce entre solicitudes de patentes y medicamentos ya aprobados. “Todos esos productos pueden seguir siendo comercializados sin cambios, sin exclusión ni retribución alguna”, aseguró.

Asimismo, negó que la reforma implique aumentos de precios o subas en las cuotas de salud. “Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía: esto no va a generar aumentos de precios ni impacto en las cuotas”, insistió.

El eje central de la iniciativa, según explicó, es revertir la falta de incentivos a la inversión en el sector farmacéutico. En esa línea, destacó que ya comenzaron a verse resultados, como el anuncio de inversión de Pfizer para instalar un centro global de investigación clínica en el país.

Cacace vinculó además la reforma con la estrategia de inserción internacional de la Argentina. “Integrarse al mundo implica respetar las reglas de propiedad intelectual”, señaló, y subrayó la necesidad de avanzar en cambios similares en otros sectores, como el agropecuario, particularmente en el mercado de semillas.

Finalmente, el funcionario enmarcó estas medidas dentro de un proceso más amplio de desregulación económica. “Ya llevamos alrededor de 15.000 normas modificadas o derogadas”, afirmó, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer para lograr una mayor integración con los mercados desarrollados.