Organismos de DDHH pidieron en Diputados que se revisen las restricciones a Cristina Kirchner

Referentes de derechos humanos reclamaron ante el Tribunal Oral Federal N°2 que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Denuncian trato desigual y arbitrariedad judicial.


Política

Fuente: Redacción Vía Noticias

El planteo estuvo dirigido al Tribunal Oral Federal N°2, que dispuso que las visitas en el domicilio de la ex mandataria —ubicado en el barrio porteño de Constitución— se limiten a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y hasta tres veces por semana. Además, cada visita debe contar con autorización judicial previa, especificando día y horario.

“Violación al principio de igualdad”

El primero en tomar la palabra fue Charly Pisoni, referente de HIJOS, quien sostuvo que las condiciones impuestas “violan el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación”. Señaló como contraste el caso de represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria sin restricciones similares.

En la misma línea, el titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideró que la ex presidenta es “víctima del lawfare” y reclamó que se le retire la tobillera electrónica, al calificarla como una “acción represiva psicológica”.

Apoyos y críticas al Gobierno

Durante la conferencia también se expresaron la ex ministra de Cultura Teresa Parodi, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y Guillermo Pérez Roisinblit, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo. Coincidieron en que las restricciones constituyen una “pena accesoria” y pidieron su revisión.

Los oradores defendieron la inocencia de la ex mandataria y llamaron a la unidad del peronismo y de los sectores sociales que cuestionan el fallo judicial.

La situación judicial

Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Los organismos de Derechos Humanos solicitaron formalmente que el TOF N°2 “evalúe la razonabilidad de las restricciones” y revise las condiciones de detención domiciliaria, con el argumento de garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación.

El tribunal no se pronunció aún sobre el nuevo planteo.