Qué es la denominada “Ley Moyano”

La llamada “Ley Moyano” no es una ley formalmente sancionada, sino una denominación utilizada para referirse a una práctica que el Sindicato de Camioneros aplica en determinadas renovaciones de concesiones.

El mecanismo consiste en que, cuando finaliza una concesión, la empresa saliente despide a los trabajadores y paga las indemnizaciones correspondientes, mientras que la nueva concesionaria vuelve a contratar al personal, manteniendo su actividad laboral. Fuentes periodísticas sitúan el origen de esta práctica en la renovación del servicio de recolección de residuos porteño de 1998.

Para el actual proceso de renovación, el universo involucrado ronda los 6.000 trabajadores y distintas estimaciones ubican el costo potencial de las indemnizaciones en torno de los US$200 millones.

El Gobierno porteño no prevé incluir las indemnizaciones

El reclamo sindical se produce porque el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, no contempla actualmente incorporar el pago de esas indemnizaciones en los nuevos pliegos para las concesiones que regirán entre 2028 y 2038.

El pliego vigente, que fue prorrogado hasta septiembre de 2028, sí contempla un apartado denominado “Indemnizaciones Finales”, mediante el cual se establece el procedimiento para calcular y abonar esos montos al finalizar el contrato.

La discusión sobre el futuro esquema se trasladará ahora a la audiencia pública del 5 de octubre, donde se analizarán las condiciones de la próxima licitación.

Un conflicto que vuelve a escena

La cuestión ya había generado tensiones entre Camioneros y el Gobierno porteño. En 2024, ambas partes alcanzaron un entendimiento por el cual el sindicato aceptó que no se aplicara entonces el mecanismo de indemnizaciones, a cambio de compensaciones destinadas a determinados trabajadores. Posteriormente, el reclamo volvió a plantearse.

En septiembre de 2026, además, el Sindicato de Camioneros anunció asambleas en las empresas de recolección de residuos ante la posibilidad de que los nuevos contratos no contemplen las indemnizaciones.

De esta manera, el proceso licitatorio para el servicio de higiene urbana vuelve a poner en discusión el régimen de indemnizaciones, el costo para las empresas y el Gobierno porteño y las condiciones laborales de los trabajadores que continuarán vinculados al servicio tras el cambio de concesionarias.