A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que los periodistas y medios presuntamente involucrados representan “solo la punta del iceberg” de una estructura más amplia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, sostuvo.

La denuncia se apoya en una investigación internacional basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio periodístico que incluye al portal británico openDemocracy.

Según ese trabajo, una red denominada “La Compañía” habría buscado influir en la opinión pública argentina mediante la difusión de contenido crítico hacia el Gobierno de La Libertad Avanza. De acuerdo con los documentos, entre junio y octubre de 2024 se habrían destinado unos 283.000 dólares para financiar al menos 250 artículos en más de 20 medios del país.

El informe también señala la utilización de firmas inexistentes y contenido presuntamente fabricado, orientado a cuestionar la situación económica, el impacto social de las políticas de ajuste fiscal y la política exterior del Gobierno, en particular su posicionamiento respecto al conflicto en Ucrania.

En ese contexto, el Ejecutivo ya había advertido en 2025 sobre la posible presencia de redes de influencia extranjera en el país. Además, el FOPEA había alertado sobre mecanismos de desinformación vinculados a operaciones rusas en el ámbito mediático local.

La denuncia presidencial abre un nuevo frente político y judicial, en un escenario marcado por tensiones informativas y cuestionamientos sobre la circulación de noticias falsas, en medio de un contexto internacional donde la guerra híbrida y la influencia digital ganan cada vez más protagonismo.