La Cámara de Diputados se prepara para una de las sesiones más importantes del año. El presidente del cuerpo, Martín Menem, comunicó a los principales bloques parlamentarios que el próximo 24 de junio será una fecha clave para el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional.

Según trascendió de fuentes parlamentarias, el temario incluirá tres proyectos de alto impacto político y económico: el denominado Súper RIGI, la ley de regulación de la actividad de lobby y la ratificación del acuerdo alcanzado por el Estado argentino para cancelar obligaciones pendientes con dos fondos de inversión que mantuvieron litigios derivados del default de 2001.

La convocatoria fue transmitida durante una reunión que Menem mantuvo con referentes del oficialismo y de distintos sectores de la oposición dialoguista, con el objetivo de avanzar en una agenda legislativa que permita llegar a esa fecha con los dictámenes correspondientes ya firmados.

La sesión se desarrollaría en pleno desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol, entre dos compromisos de la selección argentina, aunque desde el oficialismo consideran que la relevancia de los proyectos justifica mantener la actividad parlamentaria sin modificaciones.

Avanza la ley de lobby

Uno de los proyectos que más impulso recibe desde el Poder Ejecutivo es la creación de un régimen de transparencia para la gestión de intereses, conocido comúnmente como ley de lobby.

La iniciativa comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y continuará durante las próximas semanas con la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintos sectores involucrados.

El proyecto propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse las personas o empresas que realicen actividades de representación ante funcionarios públicos o legisladores.

Además, establece la obligación de presentar declaraciones juradas sobre los intereses representados y exige que funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso informen públicamente las reuniones que mantengan con lobistas.

Desde el oficialismo consideran que existe un amplio consenso político sobre la necesidad de transparentar este tipo de actividades, por lo que estiman que la iniciativa podría obtener media sanción sin mayores dificultades.

El Gobierno apuesta al Súper RIGI

Otro de los proyectos centrales será el denominado Súper RIGI, una versión ampliada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones aprobado junto con la Ley Bases.

La propuesta busca atraer inversiones de gran escala en sectores vinculados a tecnologías estratégicas y nuevas industrias, incluyendo la industrialización de minerales críticos, la fabricación de baterías, el desarrollo de hidrógeno verde, energías renovables, semiconductores, inteligencia artificial y reactores nucleares de pequeña y mediana escala.

A diferencia del régimen original, el nuevo esquema establece un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares y ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período de 30 años.

Durante el debate en comisión, funcionarios del Ministerio de Economía explicaron que el objetivo es captar proyectos completamente nuevos y posicionar a la Argentina en actividades consideradas de frontera tecnológica.

Acuerdo para cerrar litigios del default

La tercera iniciativa que el oficialismo buscará aprobar es la autorización legislativa para concretar el acuerdo alcanzado con dos fondos acreedores que aún mantenían reclamos derivados del default argentino de 2001.

El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado y deberá ser convertido en ley antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el entendimiento alcanzado entre las partes.

El acuerdo contempla el pago de 171 millones de dólares, distribuidos entre las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP., e incluye una reducción cercana al 30% respecto de los montos originalmente reclamados.

Desde el Gobierno sostienen que la aprobación permitirá cerrar definitivamente uno de los últimos capítulos pendientes de la reestructuración de deuda iniciada tras la cesación de pagos de 2001, eliminando litigios que permanecían abiertos en tribunales internacionales.

Con estos proyectos sobre la mesa, la sesión del 24 de junio aparece como una instancia determinante para la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei y para la consolidación de varias de sus principales iniciativas económicas e institucionales.