La iniciativa parlamentaria expresa el beneplácito por la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la sentencia de primera instancia y evitó que el país deba afrontar un pago superior a los US$16.000 millones en el litigio impulsado por Burford Capital.

En los fundamentos del proyecto, Kirchner sostuvo que el fallo representa “la victoria definitiva de la legalidad nacional por sobre la especulación financiera” y afirmó que la resolución judicial frenó una “extorsión” que, según su visión, ponía en riesgo el futuro económico del país.

El legislador argumentó que la defensa argentina logró demostrar que el estatuto de una empresa privada no puede prevalecer sobre la Constitución Nacional ni sobre las decisiones soberanas adoptadas por el Congreso. En esa línea, remarcó que los actos de un Estado, dictados por ley, no pueden ser subordinados a tribunales extranjeros.

Asimismo, destacó que el pronunciamiento judicial validó el carácter soberano de la expropiación y reforzó el derecho de la Argentina a administrar sus recursos naturales sin condicionamientos externos.

En su presentación, Kirchner también puso en valor la decisión política tomada en 2012, cuando el Estado recuperó el 51% de la compañía tras la gestión de Repsol, en un contexto de caída del autoabastecimiento energético.

A su vez, contrastó esta estrategia judicial con la adoptada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri frente a los denominados fondos buitres. Según expresó, mientras en aquel caso se optó por un acuerdo para recuperar acceso al financiamiento, en el litigio por YPF se sostuvo una postura de defensa hasta las últimas instancias.

Finalmente, el diputado subrayó que el fallo confirma que la expropiación se realizó conforme a derecho y consideró que mantener una posición firme fue clave para evitar un desembolso millonario que habría afectado las cuentas públicas.

Con este proyecto, el dirigente busca consolidar una lectura política del fallo que refuerce el concepto de soberanía energética y respalde la decisión estatal de intervenir en sectores estratégicos de la economía.