La presentación forma parte de una instancia clave para el país, ya que busca consolidar la posición argentina dentro de los estándares internacionales exigidos por el organismo y mantener una evaluación favorable que contribuya a fortalecer la confianza de los mercados y la llegada de inversiones extranjeras.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la delegación estará integrada por unas 15 personas, en su mayoría especialistas técnicos de áreas jurídicas y financieras. Entre los integrantes confirmados figura también Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Durante las reuniones previstas entre el 15 y el 19 de junio, la comitiva argentina presentará ante el GAFI los avances técnicos alcanzados en los últimos años, las mejoras implementadas en los sistemas de control y prevención, y las acciones impulsadas para fortalecer la persecución penal de delitos vinculados al lavado de dinero.

Asimismo, se expondrán los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos y las medidas adoptadas por el Poder Judicial para incrementar la cantidad de investigaciones y condenas relacionadas con operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El GAFI es un organismo intergubernamental que establece estándares internacionales destinados a proteger el sistema financiero global frente a actividades ilícitas. Entre sus principales funciones se encuentra la elaboración de recomendaciones y la evaluación periódica de los países miembros para verificar el cumplimiento efectivo de las normativas adoptadas.

Las denominadas “40 Recomendaciones” del organismo constituyen el marco de referencia que los Estados deben incorporar en sus legislaciones y mecanismos de control para prevenir delitos financieros y combatir el financiamiento de organizaciones terroristas.

Sin embargo, la participación de Ariel Lijo en la delegación generó repercusiones en ámbitos políticos y judiciales. El magistrado tiene bajo su órbita expedientes que involucran a funcionarios nacionales, entre ellos investigaciones vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, el viaje compartido entre representantes del Poder Ejecutivo y uno de los jueces federales con causas de relevancia política despertó cuestionamientos y abrió un debate sobre la conveniencia institucional de su participación en una misión oficial de estas características.

Pese a ello, desde el Gobierno destacan la importancia de la presentación ante el GAFI y consideran que la evaluación internacional resulta estratégica para sostener la credibilidad financiera de la Argentina y consolidar los avances en materia de transparencia y control de delitos económicos.