La iniciativa busca modificar el tratamiento penal de las conductas consideradas de mayor riesgo al volante, con especial énfasis en los casos de homicidio y lesiones graves provocados por conductores que circulan bajo los efectos del alcohol, exceden las velocidades máximas o se fugan después de un siniestro.

Actualmente, según explicaron los autores del proyecto, conducir con alcohol en sangre no constituye por sí mismo un delito penal, sino que puede ser sancionado como una infracción administrativa.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia”, explicó Verasay, presidenta del bloque radical en la Cámara de Diputados.

Cárcel efectiva e inhabilitación para conducir

Uno de los principales cambios planteados apunta a evitar que las condenas por homicidios cometidos al volante puedan cumplirse mediante penas de ejecución condicional.

El proyecto propone que, ante determinados delitos viales graves, exista cumplimiento efectivo de la pena de prisión, acompañado por la inhabilitación para conducir.

“Queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”, sostuvo Verasay.

La propuesta apunta así a diferenciar las infracciones administrativas de aquellas conductas que, por el nivel de riesgo generado, deberían recibir una respuesta penal más contundente.

Un nuevo delito por conducir con alcohol

La iniciativa también plantea crear un delito específico de conducción con alcohol en sangre, con el objetivo de que la intervención penal pueda producirse antes de que una conducta riesgosa termine provocando una muerte o una lesión.

Los autores sostienen que la modificación permitiría establecer una respuesta más clara frente a quienes manejan bajo los efectos del alcohol y generan un riesgo significativo para terceros.

Buscan evitar la prescripción durante las apelaciones

Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con los tiempos de los procesos judiciales.

Verasay y Nieri proponen que la sentencia que confirma una condena interrumpa el plazo de prescripción, de modo que una pena no pueda extinguirse mientras la sentencia continúa siendo revisada por tribunales superiores.

“Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada”, sostuvo la diputada mendocina.

De esta manera, la iniciativa busca modificar tanto las penas aplicables a los delitos viales como las reglas vinculadas con la prescripción, con el objetivo de garantizar que las condenas por hechos graves no queden sin efecto por el paso del tiempo durante las distintas instancias de revisión judicial.