La advertencia fue formalizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas el martes 18 de agosto, mediante una comunicación dirigida a la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El aviso fue enviado apenas seis días antes del vencimiento contractual y no precisó el monto que debe afrontar la Provincia, la disponibilidad de fondos del Tesoro ni una alternativa financiera para cumplir con la obligación.

La administración riojana se limitó a informar que enfrenta dificultades para afrontar el servicio de la deuda y que cualquier novedad relacionada con su situación financiera o con los títulos será comunicada al mercado.

Una deuda que ya fue reestructurada

Los títulos involucrados surgieron de una emisión internacional de US$300 millones realizada en 2017, con una tasa original del 9,75% y vencimiento previsto para 2025.

En 2021, la Provincia concretó una reestructuración de la deuda, que obtuvo la adhesión del 98,61% del capital. El acuerdo extendió el cronograma de pagos hasta 2028 y modificó las condiciones vinculadas con intereses y amortizaciones.

Sin embargo, la reestructuración no evitó nuevos problemas de pago.

En febrero de 2024, La Rioja dejó de pagar en término una cuota de capital correspondiente a estos títulos, lo que volvió a generar antecedentes de incumplimiento y conflictos judiciales con acreedores.

La comunicación realizada en agosto de 2026 vuelve a poner el foco sobre una deuda que ya había sido renegociada y cuyo próximo vencimiento está establecido para el 24 de agosto.

Quintela y la Nación mantienen una disputa por fondos

El reconocimiento de las dificultades financieras se produce mientras el gobernador Ricardo Quintela mantiene una disputa política con el Gobierno nacional por el giro de fondos.

Sin embargo, la nota enviada al mercado no atribuyó las limitaciones de pago a una causa específica.

Tampoco informó la existencia de recursos afectados, una propuesta para los tenedores de bonos ni un acuerdo destinado a modificar las condiciones vigentes.

El dato oficial se limitó a señalar que la capacidad de pago de la Provincia se encuentra restringida antes de afrontar el próximo vencimiento.

No hubo anuncio de un nuevo default

La comunicación oficial mantuvo vigente la fecha contractual del 24 de agosto y no incluyó una declaración de default ni una suspensión formal del pago.

Por ahora, el Gobierno riojano únicamente dejó asentada ante el mercado la existencia de limitaciones financieras para cumplir con la obligación.

La administración de la deuda provincial está bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo de La Rioja y de su Ministerio de Hacienda. La advertencia fue emitida por el propio organismo encargado de gestionar las finanzas provinciales, por lo que el mercado quedó a la espera de una definición sobre cómo afrontará la Provincia el próximo servicio de deuda.