El gobierno de La Pampa, a través de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS), rechazó un pedido de acceso al contrato que regula la explotación de apuestas online por parte de Casino Club, argumentando que su difusión podría afectar intereses comerciales de la empresa concesionaria.
El pedido de acceso y la negativa oficial
La presentación fue realizada por Julián Angelucci, dirigente de Avanzar Juntos–Coalición Cívica, quien solicitó copia del contrato vigente y documentación vinculada a los resultados de la explotación del juego online en la provincia.
Según la información difundida, DAFAS rechazó el acceso a esos documentos por considerar que contienen información comercial cuya divulgación podría perjudicar a la empresa operadora.
El volumen económico del negocio
Datos del propio organismo provincial indican que durante abril de 2026 se registraron apuestas por casi $4.200 millones. De mantenerse ese ritmo, el movimiento anual del sector podría rondar $50.000 millones, con ingresos que se distribuyen entre organismos provinciales y municipios.
La controversia gira en torno a la imposibilidad de conocer aspectos centrales del convenio, entre ellos:
- las obligaciones asumidas por la empresa;
- el mecanismo de cálculo del canon variable;
- los controles y auditorías previstos;
- las cláusulas vinculadas a prevención de la ludopatía;
- y las condiciones de revisión de la concesión.
Qué deberá resolver la Fiscalía
La presentación no implica, por sí misma, la existencia de una irregularidad penal ni acredita incumplimientos por parte de Casino Club.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas deberá determinar si existen cláusulas que puedan mantenerse reservadas por razones comerciales o estratégicas y, en caso contrario, establecer el alcance de la publicidad que corresponde a un contrato de concesión celebrado por el Estado provincial.
Transparencia y control público
El caso abrió un debate sobre el equilibrio entre la protección de información comercial y el derecho de acceso a la información pública cuando se trata de una actividad concesionada por el Estado.
Mientras el contrato permanezca reservado, la provincia podrá informar montos apostados y recaudación, pero continuará sin hacerse público el contenido completo del convenio que regula la operación del juego online, un aspecto que ahora quedó bajo revisión del organismo de control administrativo.
