Según la resolución, el cambio afectó derechos reconocidos por la Ley 2398-I y produjo una reducción significativa en los ingresos del personal alcanzado por el Fondo Estímulo Productivo.

Un conflicto que pasó del plano gremial al impacto fiscal

El litigio se había iniciado tras el recorte del beneficio, que los trabajadores denunciaron como una pérdida importante de sus ingresos.

El Gobierno provincial había defendido la medida con argumentos administrativos, presupuestarios y de sostenibilidad fiscal, mientras que los empleados sostuvieron que la modificación alteró un derecho vigente.

Con el fallo de la Cámara, la controversia adquiere ahora un impacto económico directo sobre las cuentas públicas provinciales, ya que obliga a restablecer el beneficio y a cancelar las sumas acumuladas.

La posición del Gobierno quedó debilitada

En marzo de este año, el Ejecutivo había sostenido que la primera resolución judicial tenía carácter provisorio y que se limitaba a la reliquidación correspondiente a enero de 2026.

También había anticipado que continuaría ejerciendo su defensa en las instancias superiores y que cualquier cumplimiento estaría condicionado por las disponibilidades presupuestarias.

La decisión de la Cámara, al rechazar la apelación, fortalece la posición de los trabajadores y consolida la obligación de restituir el Fondo Estímulo.

Lo que viene

El fallo no difundió una liquidación global del monto que deberá afrontar la Provincia, por lo que aún no se conoce el costo total que tendrá la sentencia para el Tesoro chaqueño.

Tras la resolución, el diputado provincial Santiago Pérez Pons adelantó que impulsarán las presentaciones necesarias para avanzar con las liquidaciones individuales y la ejecución de los pagos adeudados.

La causa entra ahora en una etapa de definición práctica: determinar los montos correspondientes a cada trabajador, calcular los retroactivos e intereses y establecer cómo el Gobierno provincial cumplirá con la sentencia confirmada por la Cámara.