La principal advertencia es contundente: la IA no corrige problemas estructurales, sino que puede amplificarlos. En ese sentido, el riesgo no radica tanto en avanzar demasiado rápido, sino en aplicar tecnología sobre sistemas ineficientes, profundizando errores existentes o generando nuevos.

En la Argentina, uno de los ejemplos más concretos es Prometea, un sistema que utiliza inteligencia artificial para analizar expedientes judiciales y generar borradores de resoluciones en cuestión de minutos. La herramienta apunta a agilizar procesos en un sistema históricamente lento, marcando un primer paso hacia la modernización del Estado.

A nivel internacional, los casos muestran tanto el potencial como los riesgos de estas tecnologías. En Países Bajos, un algoritmo estatal acusó erróneamente a miles de familias de fraude en subsidios, generando consecuencias sociales devastadoras y una crisis política que derivó en la caída del gobierno. El episodio se convirtió en un caso emblemático sobre los peligros de los sesgos algorítmicos.

En contraste, otros países exhiben resultados positivos. Austria aplica inteligencia artificial en su administración tributaria desde hace más de una década, logrando detectar irregularidades fiscales con alta eficiencia. Francia, por su parte, utiliza imágenes satelitales para identificar construcciones no declaradas, mientras que Brasil implementa sistemas que priorizan y agrupan litigios fiscales, reduciendo tiempos de resolución.

También se destacan avances en Asia. Singapur desarrolló un chatbot fiscal capaz de responder consultas complejas y resolver trámites, mejorando la atención al ciudadano y reduciendo tiempos administrativos.

Según datos de la OCDE, el 70% de los países ya emplea IA para optimizar procesos internos, aunque solo un tercio la utiliza para diseñar e implementar políticas públicas. Esto refleja un uso aún incipiente en términos estratégicos.

El informe, elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública del organismo, señala que los gobiernos enfrentan un contexto de creciente desconfianza ciudadana y cambios acelerados impulsados por la transformación digital. En este escenario, la incorporación de inteligencia artificial aparece como una herramienta clave para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos.

Sin embargo, la adopción sigue siendo desigual y más lenta que en el sector privado. Factores como la baja confianza pública —apenas el 39% de las personas declara confiar moderadamente en sus gobiernos— y las limitaciones institucionales explican parte de esta demora.

Aun así, el potencial es significativo. El Instituto Alan Turing estima que la IA podría automatizar hasta el 84% de las tareas repetitivas en la administración pública británica, generando ahorros equivalentes a miles de años de trabajo humano.

En definitiva, el desafío para los gobiernos no es solo incorporar tecnología, sino hacerlo de manera inteligente. La evidencia global muestra que la IA puede transformar el Estado, pero también deja en claro que, sin reformas de fondo, el riesgo es construir sistemas más rápidos… pero igualmente ineficientes.