La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el decomiso de $684.990.350.139,86 contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó la actualización del monto que deberán afrontar de manera solidaria.
En el caso de Cristina Kirchner, sus abogados cuestionaban el mecanismo utilizado para actualizar el monto del decomiso dispuesto en la sentencia condenatoria. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez sostuvo que esa etapa del proceso debía tramitar ante otro tribunal debido a la condena que el empresario registra en la causa conocida como "la ruta del dinero".
El Tribunal Oral Federal N.º 2 había fijado originalmente un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, dejando establecido que esa cifra sería actualizada una vez que la condena quedara firme.
La sentencia principal de la causa fue dictada el 6 de diciembre de 2022. En esa oportunidad, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que fue absuelta de la acusación por asociación ilícita.
También fueron condenados Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros exfuncionarios vinculados a la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas.
Tras esa resolución, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la ejecución de las condenas y dispuso la actualización del decomiso. Para calcular el nuevo monto intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con expertos designados por las defensas y el Ministerio Público Fiscal, quienes utilizaron la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.
La defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había objetado la utilización del IPC al sostener que el monto fijado originalmente tenía carácter provisorio. Sin embargo, la Corte desestimó ese planteo, al igual que el recurso presentado por la defensa de Lázaro Báez.
Con esta resolución, quedó definitivamente confirmado el decomiso de $684.990.350.139,86, suma que deberá ser afrontada de manera solidaria por los condenados en la causa Vialidad.
