La iniciativa es impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que ya presentó un documento formal ante el Ministerio de Economía y comenzó a consultar a asesores legales para avanzar con una acción judicial en caso de no obtener respuesta oficial.

El reclamo gira en torno al destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según la normativa vigente —ley 23.966, modificada por la ley 27.430—, parte de esa recaudación debe dirigirse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, que financia principalmente obras viales.

Los intendentes sostienen que esos fondos no están siendo transferidos en su totalidad. De acuerdo con los datos que manejan, durante el último año se recaudaron 3,5 billones de pesos para ese fideicomiso, pero la Dirección Nacional de Vialidad habría recibido solo 1,2 billones, cuando le corresponderían unos 2,25 billones.

Además, indicaron que entre enero y marzo de este año el Estado habría recaudado 1,5 billones de pesos por este impuesto sin destinarlos a obras ni a aliviar el precio de los combustibles.

Desde la FAM advierten que esta situación genera un impacto directo en las comunidades, al frenar proyectos de infraestructura clave. También sostienen que podría configurarse el delito de malversación si se comprueba el desvío de fondos.

La reunión en la que se definió avanzar con esta estrategia se realizó en la sede de la entidad y fue encabezada por su titular, Fernando Espinoza, junto a representantes de distintos espacios políticos.

En paralelo, trascendió que en el Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que se concreten denuncias y se abran investigaciones en la Justicia federal.

Los intendentes reclaman la apertura de una instancia de diálogo para normalizar el flujo de recursos. “La situación es apremiante y los recursos se agotan”, señalaron, y advirtieron que, si no hay respuesta oficial, avanzarán con la vía judicial.