El oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto en la primera semana de mayo, con el objetivo de lograr su sanción definitiva y avanzar en la resolución de compromisos pendientes con acreedores externos.

La medida apunta a saldar deudas con tenedores de bonos que no ingresaron a reestructuraciones anteriores y que iniciaron demandas contra el Estado argentino en tribunales internacionales, lo que derivó en fallos adversos y obligaciones de pago.

Desde el Gobierno sostienen que la aprobación de esta ley permitirá reducir la incertidumbre jurídica, mejorar el perfil crediticio del país y facilitar el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.

Sin embargo, sectores de la oposición expresaron reparos sobre el impacto fiscal de la medida y cuestionaron los términos del acuerdo, en un contexto de ajuste económico y restricciones presupuestarias.

El tratamiento en el recinto se anticipa con debate, ya que el proyecto toca un tema sensible en la política argentina: la relación con los denominados “fondos buitres”, que históricamente generó controversias por las condiciones de negociación y las implicancias sobre la soberanía financiera.

De avanzar en el Senado, la iniciativa marcaría un nuevo capítulo en la estrategia de normalización de la deuda externa impulsada por el Gobierno nacional.