Con esta nueva remesa, el número de nombramientos propuestos por el Ejecutivo supera los 110 desde el inicio del proceso, en un intento por cubrir vacantes históricas y agilizar el funcionamiento del sistema judicial.

Las postulaciones abarcan los fueros Criminal y Correccional, Criminal Federal, Penal Económico, Civil, Comercial y Federal del interior, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varias provincias. Entre ellas figuran Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero.

Además, el paquete incluye pedidos de prórroga por cinco años para magistrados que alcanzaron la edad jubilatoria, una herramienta prevista por la Constitución que requiere aprobación del Senado y que suele generar debate en el ámbito político y jurídico.

Entre los candidatos propuestos se destacan Fernando Carlos Damián Pascual, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41, y Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, ambos en la Capital Federal, dentro de un fuero clave por su intervención en causas penales de alto impacto.

En el ámbito civil, el Ejecutivo impulsa los nombres de Florencia Inés Córdoba, para el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 66, y Lucila Califano, para el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 9, tribunales con alta carga de trabajo donde la cobertura de vacantes resulta central para reducir demoras.

El listado también contempla cargos en tribunales orales federales, responsables de llevar adelante juicios en causas complejas. En ese marco, se propone a Bernardo María Rodríguez Palma para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

A nivel de cámaras de apelaciones, se destacan las postulaciones de Alicia Isabel Braghini para la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, en un contexto de alta litigiosidad previsional, y de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, con incidencia en conflictos empresariales y procesos de quiebra.

El envío de los pliegos marca el inicio de un proceso que deberá atravesar el análisis del Senado. Allí, las comisiones correspondientes evaluarán los antecedentes de los candidatos, realizarán audiencias públicas y podrán recibir impugnaciones. Recién después de esa instancia, las propuestas estarán en condiciones de ser tratadas en el recinto.

La iniciativa oficial busca acelerar la cobertura de cargos vacantes y mejorar la eficiencia del sistema judicial, aunque el debate político sobre los nombramientos promete intensificarse en las próximas semanas.