La norma, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, introduce una reforma estructural en el sistema penal aplicable a menores de edad y fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años.

El nuevo régimen se aplicará a adolescentes de 14 a 18 años que sean acusados de delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Baja de la edad de imputabilidad

Uno de los cambios centrales de la ley es la reducción de la edad de imputabilidad, que hasta ahora se fijaba en los 16 años.

A partir de esta reforma, los jóvenes de 14 y 15 años podrán ser investigados y juzgados penalmente cuando cometan delitos, aunque el sistema contempla un esquema de sanciones diferenciado según la edad y las circunstancias del hecho.

El nuevo régimen establece penas graduadas y medidas socioeducativas, con el objetivo de combinar sanciones judiciales con programas orientados a la reinserción social de los adolescentes.

Entre las herramientas previstas figuran:

• programas educativos obligatorios

• capacitación laboral

• actividades deportivas o culturales

• tratamientos médicos o psicológicos

• restricciones judiciales o monitoreo electrónico

En los casos más graves, también se habilitan penas privativas de la libertad, que deberán cumplirse en instituciones especiales para adolescentes.

Cómo fue la aprobación en el Congreso

El proyecto fue aprobado durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

El Senado de la Nación Argentina lo convirtió en ley el 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, tras haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.

La propuesta original del oficialismo planteaba fijar la edad de imputabilidad en 13 años, pero durante las negociaciones parlamentarias el Gobierno aceptó elevar el límite a 14 años para asegurar el respaldo de bloques dialoguistas.

Con ese cambio, la iniciativa logró el acompañamiento de sectores como el PRO y la Unión Cívica Radical.

Comparación con la región

En el debate legislativo, el oficialismo argumentó que la modificación busca alinear la legislación argentina con la mayoría de los países de América Latina, donde la edad de imputabilidad suele ubicarse entre los 12 y los 14 años.

En países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela el límite se fija en 14 años, mientras que en Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá comienza a partir de los 12.

Con la promulgación del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Gobierno concretó una de las reformas penales más debatidas de los últimos años, que generó respaldo de sectores que reclaman mayor dureza frente al delito pero también críticas de especialistas y organizaciones de derechos humanos.