Se reanudan las maniobras de los buques

Tras la firma del acuerdo, los prácticos retomaron la prestación regular de sus servicios, lo que permite normalizar las maniobras de ingreso y salida de buques que habían quedado interrumpidas durante el conflicto.

La paralización había generado preocupación entre exportadores, terminales portuarias y operadores logísticos por el riesgo de demoras en embarques, incumplimientos contractuales y pérdidas de competitividad para el comercio exterior argentino.

Qué incluye el acuerdo

El principal punto del entendimiento es una rebaja del 20% en las tarifas del servicio de practicaje, junto con la suspensión temporaria de la aplicación del Decreto 690/2026, norma que había desregulado el régimen vigente desde 1991 y desencadenó el conflicto con los profesionales del sector.

Además, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para revisar los aspectos normativos y operativos de la actividad.

Según fuentes oficiales, ese ámbito de diálogo estará coordinado por el Gobierno nacional y contará con la participación de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos vinculados a la navegación y la actividad portuaria.

El decreto que originó la disputa

El Decreto 690/2026 introducía cambios profundos en el sistema de practicaje y pilotaje, entre ellos:

• exenciones para determinados capitanes extranjeros con experiencia;
• ampliación del tamaño de los buques obligados a contratar prácticos;
• eliminación de cupos para la inscripción de nuevos profesionales;
• posibilidad de que Prefectura Naval Argentina prestara el servicio;
• supresión de la segmentación por tramos geográficos durante un mismo recorrido.

El objetivo oficial era avanzar hacia un esquema con mayor competencia y menores costos logísticos, aunque el sector de prácticos consideró que la reforma afectaba el funcionamiento y la organización de la actividad.

Alivio para el sector agroexportador

La reanudación del servicio fue recibida con alivio por las empresas vinculadas al comercio exterior, ya que el conflicto afectaba directamente la salida de granos, harinas, aceites y otros productos agroindustriales desde los principales puertos del país.

Estimaciones del sector indicaban que el parate generaba pérdidas superiores a US$4,5 millones diarios para la cadena agroexportadora, debido a demoras en embarques, costos adicionales y alteraciones en la logística portuaria.

Con la suspensión del decreto y la apertura de una mesa técnica de negociación, el Gobierno y los representantes del practicaje buscarán avanzar en un consenso que permita modernizar el sistema sin afectar la continuidad operativa de los puertos argentinos.