Según expresó el letrado a través de redes sociales, la preocupación radica en la eventual intervención de estructuras vinculadas a otro país en la formación de la opinión pública local, un escenario que consideró incompatible con un Estado de derecho.

“No puede admitirse la posible intervención de actores extranjeros en el sistema informativo, especialmente cuando existen antecedentes periodísticos y un comunicado oficial del sistema de inteligencia que refuerzan la gravedad de los hechos”, sostuvo.

La denuncia apunta a investigar la difusión organizada de contenidos falsos o manipulados, presuntamente financiados desde el exterior y con alcance regional. Según Monastersky, este tipo de maniobras puede incidir directamente en el debate público e incluso en la voluntad popular en contextos electorales.

En ese sentido, remarcó que la intervención del Poder Judicial resulta necesaria para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, ya sea por acción u omisión.

El planteo se apoya en un comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado fechado el 2 de abril de 2026, en el que se alertó sobre la actividad de una organización denominada “La Compañía”, presuntamente integrada por ciudadanos de Rusia, con recursos internacionales y conexiones en Argentina.

De acuerdo con esa información, el caso ya habría sido puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal, lo que refuerza la necesidad de avanzar en la investigación.

Para el denunciante, se trata de una cuestión que compromete “reglas esenciales del sistema democrático” y que exige una respuesta institucional para proteger la soberanía informativa del país.