Con una votación de seis a dos, el tribunal electoral confirmó que existieron irregularidades en la financiación de la campaña, incluyendo la violación de los topes legales y la recepción de aportes indebidos provenientes de organizaciones sindicales como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la Unión Sindical Obrera.

La resolución establece multas económicas para los responsables de la campaña, entre ellos Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña y actualmente dirige la petrolera estatal Ecopetrol.

También fueron sancionadas la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora interna María Lucy Soto, así como los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, que respaldaron la candidatura presidencial.

Tras conocerse la decisión, Gustavo Petro rechazó el fallo y cuestionó la imparcialidad del organismo, al señalar que la resolución fue adoptada por integrantes vinculados a la oposición.

“No aceptamos juicios administrativos anticonstitucionales”, expresó el mandatario en su cuenta de X, donde además denunció un intento de desestabilización política.

Cabe recordar que en 2025 la Corte Constitucional de Colombia había ratificado el fuero presidencial de Petro, estableciendo que el CNE no tiene competencia para investigarlo directamente, lo que limitó el alcance de las actuaciones del organismo electoral.

El caso se originó en 2024, cuando el CNE abrió una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña, lo que derivó en una acción de tutela presentada por el mandatario.

Aunque el organismo ha investigado en el pasado campañas de expresidentes como Juan Manuel Santos e Iván Duque, esta es la primera vez que una causa de este tipo avanza hasta instancias sancionatorias sin ser archivada, marcando un precedente en el sistema político colombiano.