La decisión fue comunicada este lunes por las autoridades brasileñas, en un contexto marcado por la permanencia del precio internacional del petróleo por encima de los US$100 por barril y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, explicó que el objetivo oficial no es establecer un control general de precios, sino combatir eventuales aumentos considerados injustificados y preservar el funcionamiento del mercado de combustibles.

Subsidio al diésel

Una de las principales medidas es el mantenimiento de la subvención de R$2,12 por litro de diésel. El Ministerio de Hacienda estableció la continuidad del beneficio mediante la Portaria N.º 2.946/2026, publicada el 25 de septiembre.

La medida evita que el subsidio se reduzca tras el vencimiento de la Medida Provisoria 1.363 y mantiene el monto vigente, respaldado ahora por la MP 1.391. El Gobierno explicó que la decisión responde a la persistencia de la volatilidad internacional de los precios del petróleo.

El mecanismo busca reducir la presión sobre el mercado interno, particularmente sobre el transporte de cargas, cuyos costos tienen impacto directo sobre la distribución de alimentos y otras mercancías.

241 acciones de fiscalización

En paralelo, el Gobierno puso en marcha la Operación Carga Pesada, que entre el 21 y el 25 de septiembre realizó 241 acciones de fiscalización en distintos puntos de Brasil.

Del total, 87 fueron realizadas por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), 86 por los Procons, 12 por la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), mientras que otras 30 fueron acciones conjuntas entre ANP y Procons y 26 entre ANP y Senacon.

La operación se activó después de una reunión de emergencia de la Senacon con más de 140 representantes de organismos de defensa del consumidor. Según el Gobierno, también se tuvieron en cuenta unas 330 denuncias recibidas por la ANP.

Multas por más de R$700 millones

Otra de las medidas involucra sanciones contra distribuidoras. La ANP determinó multas que, en conjunto, superan los R$700 millones por casos vinculados con aumentos considerados abusivos.

Las penalidades corresponden a fiscalizaciones anteriores y a decisiones de primera instancia administrativa. Las empresas involucradas todavía pueden presentar recursos, por lo que no se trata de sanciones definitivamente firmes.

Además, el Gobierno endureció las sanciones previstas para determinadas prácticas en el mercado de combustibles. Las multas por aumentos de precios sin una causa justificada pueden alcanzar los R$500 millones, según la nueva normativa.

Abastecimiento para octubre

Las autoridades brasileñas también buscan garantizar el suministro de diésel durante octubre, un mes de mayor demanda asociada, entre otros factores, a la actividad del transporte y al movimiento de la producción agrícola.

La estrategia oficial combina la subvención al combustible, controles sobre la comercialización y seguimiento del abastecimiento para intentar reducir el impacto de la volatilidad internacional sobre los consumidores y las cadenas productivas.

El Gobierno brasileño mantiene así una política de intervención focalizada mientras monitorea la evolución del mercado petrolero internacional y sus posibles efectos sobre los precios internos.