El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó una ley que modifica el cálculo de penas para condenados por los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los Tres Poderes. La norma podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.
La nueva legislación podría impactar directamente sobre la condena del expresidente Jair Bolsonaro, quien recibió una pena de 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado.
El Congreso anuló el veto de Lula
La ley había sido aprobada originalmente por el Congreso brasileño en diciembre pasado, pero fue vetada de manera integral por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado 8 de enero, en coincidencia con el tercer aniversario de los ataques contra el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Sin embargo, el jueves último, tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron para rechazar el veto presidencial.
En Diputados, la anulación obtuvo 318 votos a favor y 144 en contra, mientras que en el Senado recibió 49 votos positivos frente a 24 negativos.
Cómo cambia el cálculo de las penas
La nueva normativa modifica la forma en que se computan los delitos de abolición violenta del Estado democrático y tentativa de golpe de Estado.
El texto establece que las penas ya no podrán sumarse automáticamente, sino que deberá aplicarse únicamente la sanción correspondiente al delito más grave, con un incremento adicional de entre un sexto y la mitad.
Además, contempla reducciones de entre uno y dos tercios de la condena cuando los hechos hayan ocurrido en contextos de manifestaciones multitudinarias y el acusado no haya sido considerado líder o financista del movimiento.
El rol de Alcolumbre y la reacción oficialista
La promulgación quedó en manos de Davi Alcolumbre luego de que el mandatario brasileño viajara a Estados Unidos antes del vencimiento del plazo legal para oficializar la norma.
De acuerdo con la legislación brasileña, cuando el presidente no promulga una ley dentro de las 48 horas posteriores a la notificación del Congreso, la responsabilidad recae sobre el titular del Senado.
Desde sectores aliados al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya anticiparon que buscarán impugnar la constitucionalidad de la norma ante el Supremo Tribunal Federal.
La ley entrará oficialmente en vigor tras su publicación en el Diario Oficial brasileño en las próximas horas.
