El anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Paz, pocas horas después de que el Senado aprobara un acuerdo de financiamiento de US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa de 36 meses apunta a fortalecer las reservas internacionales y estabilizar la economía boliviana.

Paz justificó la decisión por el elevado costo que representaba mantener el subsidio y por el contrabando de combustibles. Según el mandatario, el nuevo esquema permitirá acercar el precio interno al costo de importación y garantizar un abastecimiento más estable.

“Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprar afuera”, sostuvo el Presidente durante su mensaje nacional.

Un cambio vinculado al acuerdo con el FMI

La eliminación de los subsidios a los combustibles forma parte de las medidas contempladas en el programa acordado con el FMI. Aunque el cronograma preveía avanzar con la eliminación de las subvenciones desde 2027, el Gobierno decidió anticipar la modificación para el diésel.

Por ahora, la gasolina mantiene el esquema de subsidio, aunque el Gobierno ya había reducido parcialmente ese beneficio en los últimos meses.

El nuevo mecanismo reemplaza el precio fijo por una fórmula vinculada al Precio de Paridad de Importación (PPI), que contempla el costo del combustible importado y otros componentes como transporte, almacenamiento, financiamiento, impuestos y logística.

El acuerdo con el FMI todavía requiere la aprobación definitiva del directorio ejecutivo del organismo para que puedan comenzar los desembolsos. Según Reuters, el programa también busca facilitar el acceso de Bolivia a más de US$5.000 millones adicionales provenientes de otros organismos internacionales.

El diésel impacta en transporte y producción

La modificación tiene especial importancia para la economía boliviana porque el diésel es utilizado por camiones, colectivos, maquinaria agrícola y otros equipos productivos.

El aumento amenaza con trasladarse a los costos del transporte y de actividades como la agricultura, en un momento en que el país ya enfrenta problemas de abastecimiento de combustibles.

El Gobierno sostiene que la eliminación del subsidio permitirá solucionar las faltantes que se arrastran desde hace años. Paz anunció además US$79 millones en asistencia económica para unos 2,9 millones de bolivianos y créditos preferenciales para transportistas, pequeños empresarios y productores afectados por el incremento del combustible.

Rechazo y riesgo de nuevas protestas

La decisión generó rechazo entre organizaciones sindicales y sectores vinculados al transporte, que advirtieron sobre el impacto del aumento en los costos y anticiparon posibles movilizaciones.

Bolivia viene de atravesar meses de bloqueos de rutas y problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. En ese contexto, la Asamblea Legislativa aprobó esta semana una extensión por 90 días del estado de excepción, ante el riesgo de nuevas interrupciones de las rutas.

El escenario agrega presión sobre el Gobierno de Paz, que busca estabilizar las cuentas públicas y recuperar reservas internacionales mientras intenta evitar que el ajuste sobre los combustibles vuelva a generar cortes de rutas y dificultades en la actividad económica.

El Ejecutivo apuesta a que el nuevo esquema permita terminar con la escasez de diésel y garantizar el abastecimiento, mientras los sectores productivos y sindicales advierten que el impacto del aumento podría trasladarse rápidamente a los costos de transporte y producción.