El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo en su primera conferencia tras asumir el cargo que las movilizaciones exceden los reclamos sectoriales y responden, según su visión, a una estrategia de presión política para desestabilizar al Ejecutivo.

“Estamos en democracia y podemos expresar nuestras demandas, pero no estamos de acuerdo con la generación de convulsión política con intenciones de generar caos y eventualmente construir un proceso conspirativo”, afirmó el funcionario.

En ese marco, el Gobierno ratificó su postura de sostener el mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió en noviembre de 2025, y advirtió que no hará concesiones frente a las presiones. “No vamos a ceder ningún espacio, porque es un mandato el que hemos recibido”, enfatizó Gálvez.

El país atraviesa un clima de tensión marcado por múltiples conflictos sociales vinculados a reclamos salariales, problemas en el abastecimiento y la calidad de combustibles, y demandas de distintos sectores.

Entre las principales protestas se destacan los bloqueos en la región de los Yungas, marchas sindicales hacia la ciudad de La Paz y movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana, que incluyen pedidos de incremento salarial y mejoras jubilatorias.

Además, el sector de la salud lleva adelante un paro, mientras que sindicatos del transporte en Santa Cruz de la Sierra anunciaron medidas de fuerza por problemas en el suministro de combustibles.

En paralelo, organizaciones campesinas e indígenas de la Amazonia iniciaron marchas hacia La Paz en rechazo a normativas sobre propiedad agraria, lo que suma presión a un escenario político y social cada vez más complejo.

El Gobierno, en tanto, reiteró su llamado al diálogo, aunque advirtió que no permitirá que las protestas deriven en un intento de desestabilización institucional.