El gobierno nacional promulgó la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

Así lo hizo a través del decreto decreto 2358/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el Ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.

Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la nueva normativa establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”.

Asimismo, garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas”.

Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

En ese marco, además, se prohíbe “a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.

Las modificaciones responden así a algunas de las críticas más fuertes contra la LES formuladas por estudiantes, docentes y hasta las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública.

La modificación tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO; entre los legisladores de ese momento estaban la actual candidata a vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti, y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.