El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a cuestionar esta mañana un fallo de la Corte Suprema que obligará a divulgar las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y la norteamericana Chevron y advirtió que a partir de ahora "cualquier empresa pública o privada puede pedir información de otra" compañía.

"Ahora cualquier empresa pública o privada puede pedir información de otra empresa", señaló Fernández, al apuntar contra el fallo de la Corte. Además, el funcionario sostuvo en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno que el máximo tribunal "se entromete" y así "no permite que el Estado administre una empresa por el derecho privado" lo que, aseguró, la Constitución Nacional "no impide".

En particular, Fernández apuntó a las grandes compañías privadas en las que el Estado tiene participación accionaria y advirtió que el fallo sobre YPF "se les vuelve un búmerang".

Sobre todo apuntó contra el Grupo Clarín y señaló que "la de ellos puede ser víctima de un pedido de información de cualquiera y mucho más del Estado que tiene acciones".

Según dijo, esas empresas se podrían ver afectadas en sus negocios por "pedidos de información" que cualquier sector, según evaluó "va a tener derecho a pedir".

La Corte Suprema ordenó a la estatal YPF hacer públicas todas las cláusulas del acuerdo con la estadounidense Chevron por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El máximo tribunal falló ante una acción de amparo presentada por el senador socialista Rubén Giustiniani, luego de que YPF se negara a aportar precisiones del acuerdo, en especial sobre la calidad ambiental y las actividades que desarrollará Chevron en el lugar.

La Corte tuvo en cuenta el derecho de acceso a la información contemplado por los distintos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Asamblea de Naciones Unidas.

Los jueces evaluaron que YPF funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo en función de haber sido designado el ministro de Economía, Axel Kicillof, como director de la compañía; el ministro de Planificación, Julio De Vido, como interventor; y Miguel Galuccio como gerente general.

El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, mientras que Elena Highton de Nolasco votó en disidencia, pues consideró que previo a resolver se le debía haber dado la palabra a la firma Chevron.