Más críticas al fallo de la Corte sobre subrogancias

Aníbal Fernández señaló que el máximo tribunal busca legislar y eso "no le corresponde"


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El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó esta mañana que con el fallo en el que declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley de subrogancias, la Corte Suprema "legisla" y consideró que eso "no es lo que le corresponde" al máximo tribunal.

"Pareciera ser que el poder judicial legisla, que no es lo que le corresponde hacer", señaló Fernández, al cuestionar la decisión de la Corte Suprema.

En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, el funcionario sostuvo que según la jurisprudencia, en "todas aquellas cuestiones donde el constituyente no regló, el Poder Judicial deberá ser deferente con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional por parte del Congreso".

Fernández cuestionó el criterio que usó la Corte para declarar inconstitucional la norma a través de la cual el Consejo de la Magistratura podía designar magistrados con una mayoría simple ante una eventual vacante.

El jefe de ministros consideró que "la Corte ha pasado de largo las posibilidades que tiene" y evaluó que "acá lo que no está haciendo es" declarar la inconstitucionalidad sino "derogar prácticamente" la ley.

Fernández volvió a defender aspectos de la norma que la Corte declaró inconstitucionales, como el hecho de que la designación de los magistrados no se hiciera "por sorteo".

"Solamente se eligen jueces por sorteo para una causa determinada, no cuando es por un tiempo determinado que no es tan corto", sostuvo. Además, defendió el criterio utilizado por el Congreso según el que no se da prioridad a jueces para nombrar a subrogantes.

"El legislador ha querido que un mismo juez no tenga dos tribunales a su cargo y eso tampoco es inconstitucional", señaló Fernández, en contra del criterio de la Corte.

Con la medida que tomó ayer máximo tribunal quedaron sin efecto todas las designaciones de jueces subrogantes que realizó el Consejo de la Magistratura desde que entró en vigencia la norma.

Entre las medidas invalidadas está la resolución 331/14 del Consejo y el decreto 1264/15 del Poder Ejecutivo Nacional que nombraron a Laureano Durán como juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia, el principal distrito electoral del país.

El Tribunal se pronunció de esta forma luego de que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, avalara este martes la designación de Durán como subrogante en ese Juzgado clave para evitar una paralización de los tribunales.

Más allá de que la Corte ya decretó inválida la designación de Durán y del resto de los subrogantes nombrados bajo esta nueva ley, otorga ahora un plazo de transición tres meses "para asegurar el principio inalterable de seguridad jurídica" y para que el Congreso "pueda dictar respecto de las subrogancias y suplencias de jueces una legislación acorde con la Constitución".

La ley 27.14, la nueva ley de subrogancias, había sido promovida por el Gobierno Nacional este año y hubieron al menos tres fallos que declararon inconstitucional varios de sus artículos, entre ellos el que otorga la facultad al Consejo de la Magistratura de nombrar subrogantes con mayoría simple de una lista de abogados que cumplen el rol de conjueces, muchos de los cuales tienen afinidad con la Casa Rosada.

Tal es el caso de los jueces Roberto Boico y Norberto Frontini, quienes fueron designados en la Cámara Federal de Casación Penal y tienen en sus manos la definición de causas por corrupción.

El expediente se inició con un pedido de la UCR para declarar inválida la designación de Durán, lo que así fue decretado en primera instancia, pero luego la Cámara Federal de La Plata se pronunció a favor del magistrado subrogante.

La procuradora había avalado este martes la designación de Durán al considerar que en su caso no se aplicó la nueva ley de subrogancias, y que en función de ello no correspondía analizar la constitucionalidad de la norma. Pero la Corte fue más allá del caso Durán y directamente decretó la inconstitucionalidad de la ley, la cual ya había sido establecida como tal por muchos jueces que suspendieron los nombramiento y dispusieron que se siguiera bajo el régimen anterior: esto es que las cámaras de apelaciones designaran ante una vacante producida a los subrogantes.