Las diputadas nacionales Patricia  Bullrich y Laura Alonso, ambas del bloque Unión PRO, presentaron  hoy sendas denuncias judiciales en las que vincularon a los  organismos de inteligencia del Estado en un presunto "espionaje ilegal"  contra dirigentes políticos, sociales y miembros del Poder Judicial.   

Entre los políticos escuchados, según las legisladoras, están  los candidatos presidenciales Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio  Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Adolfo Rodríguez  Saá (Compromiso Federal).   

También aparecen la senadora Gabriela Michetti, compañera de  fórmula de Macri, el jefe del radicalismo, senador Ernesto Sanz,  Alberto Fernández, Ricardo Gil Lavedra, el candidato a gobernador  por el frente UNA, Felipe Solá, y el dirigente ferroviario, Rubén  Sobrero.  

Entre el grupo de los periodistas "vigilados", las diputadas  citaron a Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Pagni, Marcelo Bonelli,  Héctor Magnetto, Edgardo Alfano, Santo Biasatti, Nelson Castro y  Joaquín Morales Solá y Jorge Lanata entre otros.   

En la presentación revelaron que "se estuvieron y se están  realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento  de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los  teléfonos celulares y computadoras" contra quienes "mantienen  posiciones críticas o independientes al gobierno nacional".   

"El seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos,  e intelectuales, es un paso más de los aparatos de inteligencia y  control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que  le arden en la mano al gobierno", sostuvo Bullrich.   

Según se informó en un comunicado de prensa, en la  presentación las diputadas también adjuntaron una lista de los espiados por  los servicios de inteligencia del Estado, junto con sus nombres,  apellidos, documentos, fechas de nacimiento y los motivos de la  intervención de los teléfonos.    

"Esto demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de  Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue  maquillaje y que fue la propia Presidenta (Cristina Fernández) a  través de (Oscar) Parrilli la que habría ordenado que se viole la  Constitución espiando a la Corte Suprema, jueces federales, candidatos  opositores, periodistas y personalidades que han expresado su  disconformidad con acciones del gobierno", advirtió Alonso.

La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de San Isidro a  cargo de Emiliano Canicoba Corral y el fiscal Rodolfo Domínguez y  los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, que por  sorteo recayó en el juzgado federal N°7 de Sebastián Casanello,  respectivamente.