La diputada nacional del Frente para la Victoria (FpV) y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti, consideró que el nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde hoy, contempla "la autonomía de las personas en el marco de la realidad y argentina latinoamericana".

"El código que reformamos tenía más de 100 años y necesitábamos una adaptación a los nuevos tiempos, a las autonomías personales y a las realidades de Argentina y América Latina", señaló la legisladora en diálogo con Radio Télam.

El nuevo digesto que regirá las relaciones civiles y contractuales "es fruto de una discusión amplia y plural entre académicos, intelectuales, juristas y asociaciones intermedias", añadió.

"Es una reforma producto de un gran debate plural. Veo que más allá del interés que estas normas en los profesionales del derecho, es la gente la que quiere conocer qué es lo que pasará con un código que tendrá proyección por muchos años", apuntó.

El código reformado establece regulaciones en materia de contratación, comercio, alquileres, matrimonios, divorcios y adopciones, en lo que constituye para Conti la formulación de "un nuevo estilo de vida para los ciudadanos".

"Necesitábamos normas para los tiempos que vivimos. Una de la cosas más positivas que logramos en el texto que consensuamos es la agilización de las adopciones, lo que era un largo reclamo de la sociedad", sostuvo.

En cuanto a la situación de los pueblos originarios, Conti remarcó que el nuevo código reconoce el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, tal como lo establece la Constitución, pero que "falta ahora la sanción de una norma" que consagre ese reclamo.

"Los pueblos originarios pretenden que la propiedad de la tierra se establezca con normas propias, discutidas por las propias comunidades, y no mediante la imposición de las normas sancionadas por los blancos. Es algo que se está debatiendo", observó la diputada.

Respecto a la reforma del Código Penal, Conti consignó que las observaciones que recibió el texto elaborado por la comisión de juristas esta ahora sometido a "consulta de los departamentos de derecho de las universidades nacionales".

El Código Penal está siendo sometido a una revisión en las universidades nacionales con el propósito de lograr un consenso más amplio. Los propios integrantes de la Comisión quieren que estos debates estén al margen de las coyunturas electorales", precisó.