El ex titular del PAMI durante el gobierno menemista, Víctor Alderete, admitió haber cometido delitos durante su gestión al frente del organismo y acordó con la Fiscalía una condena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, que por su edad podrá ser en su domicilio.

En tanto, otros ex cinco directivos del PAMI y dos ex síndicos, acordaron penas de hasta dos años de prisión en suspenso y dos de ellos accedieron a devolver 496 mil pesos para fines sociales, según confirmaron fuentes judiciales.

Ahora el Tribunal Oral Federal 6, que integran los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panelo y que están a cargo del juicio, deberán convalidar el acuerdo entre la Fiscalía y los acusados.

En julio pasado, Alderete y los restantes acusados comenzaron a ser juzgados por pagos irregulares a empresas privadas por servicios que no fueron prestados. Durante el juicio los acusados accedieron a acordar un juicio abreviado, esto es reconocer la culpa y acordar una pena.

Así, la fiscal general Gabriela Baigún y la fiscal ad hoc Claudia Rebour le impusieron a Alderete la pena de tres años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La pena es de cumplimiento efectivo, pero como Alderete tiene 83 años, puede acceder al beneficio de la prisión domicilio.

En el juicio abreviado también fueron condenados a dos años de prisión los ex integrantes del directivo del PAMI Domingo Petrecca, Eduardo Polermann, María Maina, Santiago Tomaghelli y Dora Terrón,

En tanto, ex síndicos Carlos Morán y Fernando Dapero acordaron una pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y a entregar 496 mil pesos para fines sociales.

Los síndicos fueron los únicos que aceptaron devolver dinero , mientras que Alderete y el resto de los acusados se negaron a hacerlo, aunque las fuentes explicaron que la ley no obliga.

No aceptó el juicio abreviado el ex integrante del directorio del PAMI, Carlos Santander, médico de Menem y candidato a diputado nacional por la provincia de La Rioja.

Otros dos acusados, los empresarios Ricardo Morini y Carlos Azzariti, acordaron una probation, esto es la suspensión del juicio a cambio de tareas comunitarias y entregar una suma de unos 200 mil pesos.

Considerado como uno de los símbolos de la corrupción del menemismo, junto a María Julia Alsogaray, el ex funcionario llegó a afrontar más de 20 causas penales en la Justicia.